Se oponen a ordenanza antiinmigrante en pueblo de Carolina del Sur
Patricia Ortiz
Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla Summerville, SC- El Concejo Municipal de Summerville en Carolina del Sur, preaprobó el pasado 11 de agosto una ordenanza que prohíbe rentar viviendas a inmigrantes indocumentados pese a la oposición de caseros y amenazas de demandas legales. La medida que sería una de las más restrictivas en la nación pasó con una votación de 4 a 2 en su primera lectura que podría ratificarse en septiembre próximo. Con esta ordenanza las administraciones de complejos habitacionales y propietarios de viviendas tendrían que verificar el estatus migratorio de los inquilinos antes de alquilar. Victoria Cowart, presidenta de la Asociación de Apartamentos de Carolina del Sur, advirtió a los concejales que la ordenanza le costaría dinero a la ciudad y ahuyentaría a los arrendadores de Summerville. “Esto obstaculizará nuestro negocio “, dijo Coward, según lo reportó el periódico The Post and Courier.” La gente se dará la vuelta y se irá a otro lugar”, añadió. Summerville es una localidad costera cercana a Charleston al sureste del estado, donde habitan unos 45 mil habitantes de los cuales cerca del 2 por ciento son de origen hispano. La medida obligaría a los solicitantes de arriendo llenar una licencia de ocupación que deberá entregarse a la municipalidad que tendría 60 días para aceptar o no las solicitudes. Esta incluye información de la persona como el nombre, dirección, lugar donde desea vivir, fecha de nacimiento, datos de la familia y su nacionalidad. En caso que el inquilino sea ciudadano estadounidense, deberá firmar una declaración juramentada. Si el arrendador responde que no lo es, entonces deberá probar con documentos migratorios su estatus legal en el país. Si la normativa entra en vigor, la policía local se encargaría de hacer cumplir la ordenanza y los que no la acaten están expuestos a pagar una multa de 100 dólares. El concejal republicano Walter Bailey, quien propuso la ordenanza afirma que los “ilegales” están “quitando los trabajos a los residentes legales”, que son “una carga para la municipalidad y una amenaza” para la seguridad de los residentes.
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